VIVIENDA

📝 Nuestra evaluación

La vivienda es un derecho humano fundamental, esencial para el cumplimiento de muchos otros derechos, como la salud, la educación y la seguridad económica. No es un mero refugio físico, sino una piedra angular de la resiliencia social y económica, especialmente en ciudades y regiones. Sin embargo, la crisis mundial de la vivienda sigue intensificándose, marcada por el empeoramiento de la asequibilidad, el aumento de la financiarización y la especulación, la degradación medioambiental y la profundización de la segregación socioespacial. Estos retos exacerban las desigualdades y la discriminación, socavan el desarrollo inclusivo y sostenible, perturban la cohesión comunitaria y obstaculizan la democracia y la participación de los vecinos en la vida pública. Todo ello plantea riesgos a largo plazo para la prosperidad, la sostenibilidad y la resiliencia de la sociedad, así como para la equidad intergeneracional.

Los asentamientos informales y los barrios marginales, que albergan a gran parte de la población urbana, son especialmente vulnerables. Los grupos marginados -especialmente las mujeres, los jóvenes, las personas mayores, los hogares monoparentales y las personas sin hogar- se enfrentan a una discriminación agravada y a la exclusión de oportunidades equitativas de vivienda. Al mismo tiempo, el cambio climático está agravando la vulnerabilidad de la vivienda mediante la destrucción de hogares, el desplazamiento forzoso y la interrupción de los medios de subsistencia.

Abordar la justicia en materia de vivienda requiere un enfoque integral que dé prioridad a la función social del suelo, conecte la vivienda con los servicios públicos esenciales y garantice que las comunidades tengan un acceso equitativo a las oportunidades económicas. La urgencia de esta cuestión exige un nuevo contrato social basado en la equidad, la sostenibilidad y el derecho a la ciudad.

🤝 Nuestro compromiso

Los gobiernos locales y regionales se encuentran en una posición única para abordar la crisis de la vivienda e impulsar soluciones transformadoras. Su proximidad a las comunidades, su innovación y capacidad de respuesta a las necesidades de sus vecinos, y su papel como co-creadores y ejecutores de políticas los convierten en actores centrales en la promoción de la justicia en materia de vivienda. Los gobiernos locales y regionales poseen el mandato político, la experiencia técnica impulsada por la innovación y la capacidad de respuesta, y la capacidad institucional para ofrecer soluciones de vivienda inclusivas, sostenibles y basadas en las realidades locales.

• Justicia en materia de vivienda para ciudades solidarias: Defender la vivienda como un derecho humano fundamental, integrante de la dignidad y el bienestar de las personas y las comunidades. Incorporando este principio a las políticas y marcos locales, pretendemos garantizar el acceso universal a una vivienda adecuada como base para un desarrollo urbano equitativo y sostenible. Entender la vivienda como una infraestructura esencial para crear ciudades y regiones solidarias. Garantizando la inclusión social, apoyando a las poblaciones vulnerables y permitiendo un acceso equitativo a los servicios públicos.

• Fomento de la función social del suelo a través de la proximidad: Promover el acceso a una vivienda adecuada y a modelos de planificación urbana centrados en las personas y basados en la proximidad es fundamental para abordar la crisis de la vivienda. Las políticas deben enmarcar la vivienda como un bien público, situando la función social de la tierra en su núcleo, priorizando su uso para satisfacer las necesidades de la comunidad y garantizando que las iniciativas de vivienda estén conectadas con los servicios públicos locales esenciales, las oportunidades económicas y las infraestructuras resilientes para combatir la desigualdad espacial y reducir la segregación, garantizando al mismo tiempo que las decisiones reflejen las necesidades intergeneracionales.

• Soluciones de vivienda resistentes al clima: A medida que se intensifican los impactos del cambio climático, es esencial integrar la resiliencia climática en las políticas de vivienda, reconociendo la necesidad crítica de hacer frente a las pérdidas y daños causados por el cambio climático. Al vincular las iniciativas de vivienda a infraestructuras sostenibles, estrategias de reducción del riesgo de desastres y mecanismos de financiación verde, los gobiernos locales y regionales garantizan que los sistemas de vivienda sean equitativos, adaptables y construidos para durar.

📢 Nuestro llamamiento

• Soluciones localizadas impulsadas por la comunidad: La justicia en materia de vivienda requiere una gobernanza descentralizada que empodere a las comunidades, en particular a los jóvenes, para que participen activamente en los procesos de toma de decisiones. Los gobiernos locales y regionales están a la vanguardia de la implementación de acciones afirmativas contra la discriminación que abordan las injusticias históricas que enfrentan los grupos marginados, en particular las mujeres y las personas que viven en asentamientos informales, asegurando que las soluciones sean inclusivas y con visión de futuro.

• Mecanismos financieros descentralizados para la justicia en la vivienda: Promover el establecimiento de mecanismos financieros descentralizados y equitativos para enfrentar eficazmente la crisis de la vivienda. Esto incluye el apalancamiento de los presupuestos públicos y la promoción del acceso directo a la financiación internacional adaptada a las realidades locales, permitiendo la implementación de soluciones de vivienda sostenibles e impulsadas por la comunidad que cierren la brecha de financiación urbana y garanticen que los recursos lleguen a las comunidades marginadas, como parte de una transformación social y económica más amplia.