JUSTICIA CLIMÁTICA

📝 Nuestra evaluación

La crisis climática es el resultado directo de las injusticias sistémicas, desde modelos económicos insostenibles hasta desigualdades históricas en el consumo de recursos y la degradación ambiental. Las poblaciones vulnerables, a pesar de ser las que menos contribuyen a la crisis, soportan sus mayores cargas, sufriendo desplazamientos, pérdida de medios de vida, inseguridad alimentaria y peligros para la salud ambiental.

Los desafíos clave incluyen:

• Impactos desproporcionados: Los más afectados por el cambio climático son aquellos con menos recursos para adaptarse: las comunidades de bajos ingresos, los pueblos indígenas, los pequeños agricultores y las poblaciones pobres costeras y urbanas.

• Pérdidas y daños: Las pérdidas y daños inducidos por el clima requieren respuestas urgentes que se centren en la justicia y la equidad y que consideren los aspectos económicos y no económicos.

• Inequidades en el financiamiento climático: La financiarización de la acción climática corre el riesgo de exacerbar las desigualdades si el financiamiento sigue siendo inaccesible para las comunidades más vulnerables y los gobiernos subnacionales.

• Barreras estructurales para la acción climática local: Las políticas nacionales a menudo no logran integrar las realidades locales, lo que obstaculiza los esfuerzos de las ciudades y territorios para implementar soluciones climáticas efectivas.

• Vulnerabilidad urbana y territorial: La urbanización y la infraestructura mal planificadas intensifican los riesgos climáticos, especialmente en los asentamientos informales que carecen de servicios básicos.

🤝 Nuestro compromiso

Los gobiernos locales y regionales están a la vanguardia de la acción climática y la equidad. Se comprometen a liderar los esfuerzos por la justicia climática a través de una gobernanza inclusiva, políticas equitativas y marcos de acción climática transformadores que no dejen a nadie atrás.

• Incorporación de la justicia en las políticas climáticas, incorporación de la transformación ecológica en las políticas sociales: Reconocer el derecho de la naturaleza como un derecho humano fundamental es esencial para promover la justicia ambiental y la equidad intergeneracional. Las estrategias climáticas deben centrarse en las comunidades vulnerables a través de una gobernanza participativa que cambie el poder y garantice que los más afectados den forma a las soluciones. Esto requiere una defensa audaz de los mecanismos legales y financieros que hacen cumplir la rendición de cuentas por los impactos climáticos y las emisiones históricas, colocando la justicia en el centro de la acción climática.

• Construir ciudades y territorios resilientes al clima y equitativos: El fortalecimiento de la planificación urbana adaptable al clima es clave para construir territorios justos y resilientes, colocando en el centro las soluciones basadas en la naturaleza, el acceso equitativo a los recursos y la infraestructura sostenible. Las transiciones ecológicas deben ampliar, no restringir, el acceso a los servicios públicos básicos, como la energía limpia, el agua y la vivienda, garantizando que reduzcan las desigualdades socioeconómicas en lugar de profundizarlas. Invertir en los sistemas alimentarios locales y en la agricultura sostenible es igualmente fundamental para mejorar la seguridad alimentaria y la resiliencia climática, en particular reforzando los vínculos entre las zonas rurales y urbanas y la cohesión territorial.

• Garantizar una financiación climática justa y equitativa: Exigir mecanismos de financiamiento climático justos que prioricen a los gobiernos locales es esencial para apoyar a las comunidades de primera línea que enfrentan la peor parte de la crisis climática. Fortalecer el acceso directo a los fondos climáticos para las ciudades y los territorios garantiza que las respuestas de adaptación, mitigación y pérdidas y daños sean impulsadas localmente y se basen en necesidades reales. Redirigir los subsidios de los combustibles fósiles y las industrias insostenibles hacia las inversiones sociales y ambientales es un cambio político necesario para promover la justicia climática y brindar beneficios tangibles a las poblaciones más vulnerables.

• Fomento de una transición justa y empleos verdes: Promover economías verdes inclusivas requiere colocar a las personas en el centro de la transición, apoyando a los trabajadores en industrias cambiantes y creando empleo digno y sostenible. Las inversiones en educación y desarrollo de capacidades deben empoderar a las comunidades locales, los jóvenes y los trabajadores informales para que den forma a la transición verde y se beneficien activamente de ella. Apoyar a las cooperativas y empresas locales que impulsan la transformación económica sostenible, al tiempo que defienden los derechos laborales justos, es esencial para garantizar que la acción climática promueva tanto la sostenibilidad ambiental como la justicia social.

📢 Nuestro llamamiento

• La gobernanza climática multinivel debe integrar y apoyar la acción local, asegurando que las ciudades y territorios tengan poder de decisión en la gobernanza climática. Las políticas nacionales y mundiales deben reconocer plenamente el papel de los gobiernos locales y regionales en la configuración de los acuerdos, los mecanismos de financiación y las políticas climáticas. La alineación de las estructuras de gobernanza creará una respuesta más eficaz y justa a los desafíos climáticos.

• Hacer frente a las pérdidas y los daños es una cuestión de justicia social en el desarrollo que exige compromisos financieros urgentes de la comunidad mundial. Los mecanismos de financiamiento deben diseñarse para apoyar directamente a las comunidades que enfrentan impactos climáticos irreversibles. Los gobiernos locales y regionales deben tener acceso directo a la financiación climática para los esfuerzos de recuperación de pérdidas y daños, garantizando que los más afectados reciban asistencia oportuna y equitativa.

• Las instituciones financieras internacionales deben dar prioridad a la equidad en el financiamiento climático y las políticas de transición justa, asegurando que el financiamiento climático se distribuya de manera equitativa. Las comunidades vulnerables deben ocupar un lugar central en las decisiones de financiación, en lugar de permitir que los modelos impulsados por el lucro dicten las inversiones climáticas. Los gobiernos y las organizaciones multilaterales deben pasar de las economías extractivas a soluciones regenerativas lideradas por la comunidad que fomenten la resiliencia y la sostenibilidad a largo plazo. La transformación de las prioridades financieras garantizará una transición justa e inclusiva hacia un mundo más verde.